Necesitamos hoy de una reforma electoral que tenga el acento en el control y la transparencia del dinero en la política. Por ello, es indispensable que los esfuerzos de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, y de los propios diputados y diputadas en lo individual, estén encaminados a lograr una reforma electoral que garantice un avance cualitativo en el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y la consolidación de nuestro sistema democrático.
El control del dinero público y privado en los circuitos de la competencia electoral se entendió, desde su origen en la reforma de 1996, como la clave para mantener la actuación y la competencia política dentro del marco de la ley.
Sin embargo, aún cuando los instrumentos jurídicos de control se fueron afinando paulatinamente en estos últimos siete años, no fue posible prever con claridad sus límites y alcances hasta que se hicieron evidentes sus fallas en torno a la fiscalización a lo largo de las más recientes crisis, incluida la campaña presidencial del año 2000.
Cuatro puntos fundamentales, considero, debe contener como mínimo una iniciativa de reforma de largo alcance, si es que se pretende cumplir con las expectativas ciudadanas y con la necesidad de ajustar la política a la realidad social y económica de nuestro país.
Aprobar una reforma que no contenga modificaciones sustantivas en ese sentido tendría un alcance sumamente limitado, y vaciaría de sustancia el propósito original de la propuesta de reforma. Estos puntos son:
1) Regulación de precampañas
Es necesario establecer fórmulas de regulación de las precampañas (de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la iniciativa presentada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Convergencia por la Democracia), mismas que deberán regirse bajo reglas claras y límites expresamente acordados, ambos en tiempo y en recursos. (artículos 182 y 182-A de la iniciativa presidencial y 175 de la iniciativa de los legisladores)
2) Reducción de tiempos de campaña
El objetivo debe ser, por una parte, atraer y concentrar la atención ciudadana en campañas cortas con límites establecidos y, por la otra, disminuir el enorme gasto que originan campañas sumamente prolongadas para todos los cargos de elección popular. (Art. 190 de ambas iniciativas). Los plazos de tres meses y seis semanas para la realización de campañas para presidente de la República y las de diputados y senadores, respectivamente, cumplen cabalmente con lo antes manifestado.
3) Instrumentos para la fiscalización
Es indispensable lograr que el IFE cuente con las facultades y atribuciones legales necesarias, así como con los instrumentos de control para llevar a cabo una profunda fiscalización de los recursos de candidatos, partidos y particulares —cuando se trate de asuntos relacionados al financiamiento electoral— (Art. 49-B de la iniciativa de los legisladores y el art. 83 de la iniciativa presidencial), incluyendo de manera destacada, el acceso del IFE a la información financiera y hacendaria que requiere en los procedimientos de fiscalización, para establecer mejores sistemas para el control de aportaciones privadas de fuentes dudosas. Para ello sería necesario también, realizar modificaciones al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito como lo establece la iniciativa presentada por los legisladores.
4) Reducir financiamiento a partidos, IFE y TRIFE
Se deberá disminuir sustancialmente el monto de dinero público que se destina al financiamiento de partidos políticos (casi 1800 millones de pesos de gasto ordinario y la misma cantidad para gasto de campaña en el 2003) y de la propia autoridad electoral (alrededor de 5,000 millones de pesos en el 2003). En este sentido, y obedeciendo a la lógica de una reforma completa e integral, es necesario lograr un redimensionamiento de la autoridad electoral —IFE y TRIFE— y del sistema de partidos en función de la realidad.
Este nuevo diseño para el funcionamiento de la democracia mexicana y de la relación entre dinero y política requiere que, como una característica esencial se fijen nuevas reglas para el acceso de partidos políticos a los medios de comunicación, guardando la equidad en el uso de los mismos a través de procedimientos de asignación objetivos e imparciales bajo la responsabilidad del IFE. (Art. 48 de la iniciativa de los legisladores).
Hoy coinciden en esta Cámara, y en este momento, al menos dos iniciativas muy amplias y ambiciosas construidas a partir de la experiencia acumulada en los últimos años sobre el funcionamiento real, y los límites y alcances del sistema de financiamiento de los procesos electorales.
Coincidencias
Celebramos la existencia de las coincidencias entre ambas iniciativas y, por ende, de un consenso potencial en torno a, por lo menos, cuatro grandes ejes que tienen como común denominador: la relación entre el dinero y la política, y el esfuerzo por hacer de este vínculo una relación más transparente y con mayores controles de parte de la autoridad electoral y, por consiguiente, de la ciudadanía.
Para que esta reforma electoral sea viable debemos reducir el financiamiento de los partidos, y en forma paralela, asegurarles a ellos, a los candidatos y a sus programas políticos, acceso suficiente y equitativo en la radio y televisión, siendo éstos no sólo un vehículo fundamental de difusión de la cultura democrática en los sistemas democráticos desarrollados, sino cada vez más un actor con voz propia que confiamos comparte esta misma voluntad general por introducir en estos momentos y en esta coyuntura —en vísperas del proceso electoral del 2006— racionalidad y eficiencia a nuestra democracia de partidos.
